La Cámara de Diputados aprobó por 134 votos afirmativos a 121 negativos la declaración de emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Se trata del artículo N°1 del megaproyecto enviado por el presidente Javier Milei, el cual fue tratado entonces en primer lugar en el comienzo del tratamiento en particular de la ley aprobada en general la semana pasada. En este caso, este artículo consiguió menos adhesiones que la votación en general.

El artículo en cuestión quedó redactado de esta manera: “La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa”. “Promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales”, agrega.

La ley madre que envió el Ejecutivo al Congreso de la Nación contemplaba también la declaración de emergencias en el área fiscal, social y previsional, pero éstas fueron retiradas. Es decir, de nueve emergencias solicitadas, el oficialismo logró el apoyo en seis.

Facultades delegadas

Asimismo, se aprobaron los artículos 2 y 3 de la Ley Ómnibus, que “contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional en materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí regladas y por el plazo antes establecido”. Además, “el Poder Ejecutivo Nacional deberá informar mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos”.

En tanto, la UCR pidió una moción de orden para que, en el artículo 4 en particular, se vote por incisos. Así, logró que se rechacen los incisos H, I y J. En particular, el H -que fue rechazado por 142 votos negativos y 112 positivos-, establece “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”. Esto era algo resistido por los gobernadores, que de esta manera demostraron su fuerza.

De esta manera, el el Gobierno podrá hacer uso de facultades en materia económica, financiera, tarifaria y administrativa, pero no en el control de los fondos fiduciarios, seguridad y energía.