Los primeros días de julio se hizo público el accionar del jefe del servicio de anatomía patológica del hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela quien decidió guardar -al menos durante 15 años- 257 fetos en formol. Oportunamente, el Ministerio de Salud de Santa Fe había dicho que iba a trabajar en el tema, pero no se supo más información al respecto.

A un mes de este episodio, la diputada provincial Matilde Bruera presentó un proyecto, que fue aprobado este jueves en la Legislatura, a través del cual pide al Gobierno provincial que informe si se inició una investigación administrativa o un sumario al respecto.

La iniciativa solicita que "se indique cuál es el protocolo que se debe cumplir para descartar fetos, procedimiento para el caso en que sean necesarios para investigación científica y la información que debe brindarse a las personas afectadas".

Además, pide que se informe "si se solicitó la autorización o el consentimiento informado por parte de las pacientes para conservar los fetos y si se le dio intervención a la dirección del Hospital y si "se ha violado la Ley 26.529 de Derechos del Paciente".

Por último, exige que se dé a conocer si se ha tomado "alguna medida tendiente a proteger a las pacientes afectadas, resguardando su identidad y el respeto a la privacidad a fin de evitar la victimización de las mujeres involucradas".

Qué dijo el ministerio de Salud oportunamente

Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Salud de Santa Fe había indicado que "el hospital comunica que se encuentra trabajando junto a la justicia a fin de conocer en profundidad la situación por la cual la irregularidad en el manejo de restos biológicos se sostuvo en el tiempo y dar contención a las personas que han sido requeridas por la justicia".

Asimismo se manifestó que "el gobierno provincial está comprometido con el respeto de los derechos de las personas gestantes que atraviesan pérdidas y también con el respeto de los derechos consagrados en la normativa vigente. Dentro de los cuales se encuentra la protección de su derecho a atravesar por la situación respetando la confidencialidad, el trato digno, el acceso a información oportuna y suficiente, así como el derecho a no ser dañadas o revictimizadas en el paso por los procesos asistenciales".