A puro show, entre cruces que rozaron -por reiterados- lo cómico, gritos, chicanas, sospechas, advertencias, además de cuestionamientos técnicos y políticos, el debate de la Ley Ómnibus tuvo este martes su primer capítulo en comisiones de Diputados. En el mismo clima cargado de tensión, el segundo capítulo llegará, inmediatamente, este miércoles.

Representantes del Ejecutivo defendieron la delegación de facultades que supondría el proyecto para el Presidente y explicaron sus razones para intentar darle un tratamiento veloz (algo que todavía está por verse), pero también reconocieron la necesidad de hacer ajustes sobre el texto. Las respuestas de los funcionarios dejaron, al menos entre algunos de los legisladores, sabor a poco.

En medio de un curioso “duelo de oposiciones”, Unión por la Patria evidenció desde el primer minuto -de hecho, su jefe de bloque, Germán Martínez, fue el primero en tomar la palabra- su plan de “resistencia”: rechazó cualquier posibilidad de trámite exprés, exigió la presencia en el Congreso de Luis Caputo, Nicolás Posse, y Federico Sturzenegger, y recalentó el debate en cada intervención.

En un clima que ya venía caldeado por las críticas de Javier Milei al Congreso, también la oposición dialoguista dejó sus propias señales: bloques que vienen manifestando su intención de “colaborar” -el PRO, la UCR y la Coalición Cívica y el peronismo no K- ratificaron que limitarán la delegación de facultades y solo acompañarán el proyecto con cambios.

El debate inició en un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, en la Sala 2 del anexo C de la Cámara Baja, con la presencia de un centenar de diputados. La sala se vio llena como no se veía hace tiempo, e incluso llegó a formarse un embudo ante la puerta mientras legisladores y asesores, integrantes o no de las comisiones, intentaban entrar. La reunión comenzó a las 14.30 y no terminó antes de las 23.

Este martes expusieron Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Para este miércoles, desde las 9:00, se esperaba la presencia del ministro del Interior, Guillermo Franco; de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el de Finanzas, Pablo Quirno.

Los roces arrancaron temprano y se extendieron toda la jornada. Los funcionarios debieron exponer y responder por momentos entre gritos. Diputados de UxP, en medio de discursos encendidos, sufrieron el repentino cierre de sus micrófonos en más de una oportunidad, lo que derivó en más gritos y cruces y discursos encendidos.

Pero fuera del show, que incluyó desde bromas y risas cómplices hasta acusaciones e insultos, UxP buscó, como estrategia, dejar en claro que la Ley Ómnibus y el mega DNU de Milei son parte de un mismo plan del Ejecutivo para cerrar el Congreso, donde el oficialismo está en clara minoría.

El PJ-K reclamó la presencia de Caputo (Economía), Posse (jefe de Gabinete), y Sturzenegger (asesor presidencial y uno de los autores del mega DNU y del paquete de reformas), pero también de cualquier organización o sector que quiera ir a exponer a la Cámara Baja. El jefe de bloque, Martínez, se pasó la tarde conversando con referentes de cada bloque opositor para que acompañen el planteo, que tampoco es mal recibido en los demás espacios.

Por momentos, durante el debate se armó una suerte de “duelo de oposiciones”, que probablemente se siga repitiendo a futuro. Diputados de UxP le advirtieron a sus colegas de los bloques más “dialoguistas” que -considerando que ellos ya manifestaron su rechazo de plano- los dardos de Milei al Congreso, como cuando acusa algunos legisladores de trabar el debate para pedir “coimas”, están dirigidos a sus “aliados”, que son quienes eventualmente acompañarán al menos en parte el paquete de reformas.

El PRO, la UCR y la Coalición Cívica se encargaron de recordarle al kirchnerismo que también gobernó con declaración de emergencia pública y facultades extraordinarias, dictado de decretos de necesidad y urgencia y que ni siquiera garantizó el funcionamiento del Congreso cuando su presidente, Alberto Fernández, llamó a sesiones extraordinarias.

Sin embargo, en esos bloques, que el oficialismo necesitará sí o sí para aprobar el paquete de reformas, reconocen la incomodidad que supone hacer equilibrio para no quedar demasiado pegado al oficialismo ni al kirchnierismo. Y también admiten, y así lo expusieron públicamente algunos de ellos en el debate de este martes, el riesgo de que el Gobierno esté buscando poner al Congreso en el lugar de enemigo.

“¿Quieren que se aprueben estas herramientas o que se lleve la marca el Congreso y que esta discusión devenga en un chivo expiatorio para campear la crisis? Cuando nuestra actitud es rápida y colaborativa y el vocero presidencial nos asigna responsabilidad por el aumento de la brecha cambiaria, nos desconcierta”, sostuvo el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo. La misma sospecha persiste en el resto de las bancadas “colaborativas”.

Los exsocios de Juntos por el Cambio dejaron en claro este martes que también tienen una posición bastante compartida en lo que refiere a delegar facultades legislativas en el Ejecutivo. La Ley Ómnibus establece “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, prorrogable por otros dos años a criterio del Gobierno.

Incluso el PRO advirtió que no se apoyarán esos tiempos, ni alcances, ni dejará en manos del Ejecutivo la decisión de prorrogar la emergencia.

Y fue el secretario de Energía, Chirillo, quien aseguró que el Gobierno tomó nota: “Nos sugieren que el tiempo de la emergencia sea menor. Lo estamos considerando para incluirlo en la versión final”.

Pero en la oposición dialoguista también destacaron errores técnicos y plantearon modificaciones en numerosos artículos en, entre otros temas, la reforma judicial y la reforma del Estado y las privatizaciones (que fue sobre lo que fundamentalmente expusieron los funcionarios ayer).

“Esto para salir necesita política. El Ejecutivo debiera designar un equipo de negociadores conducido por alguien que reciba los planteos. Eso no está”, señaló ayer a este medio un diputado del PRO, presente en la reunión de comisión.

Un legislador de la UCR le reclamaba al Gobierno unificar el criterio de negociación: si se aceptarán modificaciones como indicaron los funcionarios que expusieron este martes y diputados de La Libertad Avanza, o no se tocará una coma de los puntos centrales de la ley, como insiste otro sector del Ejecutivo.